Varios asuntos en el pasado
Pleno que para nuestro grupo eran de gran importancia, aunque estuvieran en su
mayoría relegados al apartado de ruegos y preguntas y no formaran parte del
orden del día.
En primer lugar la moción
relativa al cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación
de mobiliario y cartelería para los establecimientos de restauración de
Aracena.
Esta ordenanza se publicó en
el BOP de la provincia de Huelva el 19 de junio de 2013 y desde el 10 de julio
de 2013 tiene plena eficacia, ejecutividad y valor.
Sin embargo transcurridos más
de 16 meses y a pesar de la insistencia de nuestro grupo, esta ordenanza no se
aplica en nuestra localidad con lo que ello supone de perjuicio y, en muchos
casos, de peligro para los peatones que ven cómo la instalación de veladores y
sillas en los acerados impide el paso seguro y sin obstáculos por los mismos.
El alcalde se encuentra
obligado por la constitución y por el resto de Ordenamiento Jurídico a ejecutar
y hacer cumplir la Ordenanza Municipal a que nos referimos así como otras leyes
que protegen a las personas en las vías públicas, pero no lo ha hecho. Según ha
argumentado hasta ahora porque hay que ser flexibles en la aplicación de las
norma. Pero disfrazado de buena voluntad nos podemos encontrar ante un delito
de prevaricación por infracción en el cumplimiento de un deber, convirtiéndose
su actuación en expresión de su libre voluntad y arbitrariedad.
Esta vez lo que en otros
Plenos fue un ruego se ha convertido en la exigencia de que la Alcaldía, en
cumplimiento de sus obligaciones, ejecute y haga cumplir los acuerdos adoptados
por el Pleno del Ayuntamiento.
Y parece ser que nuestro
cambio de tono ha tenido algún efecto porque el alcalde se ha comprometido a
solicitar de la policía los informes necesarios para evaluar el nivel de
incumplimiento de la Ordenanza y posteriormente reunirse con los empresarios
del sector a fin de solucionar este problema en los mejores términos para los
intereses tanto de empresarios como de peatones.
Por otro lado solicitamos que
se nos aclarara en qué términos y en relación a qué procedimiento
administrativo se había procedido a la contratación de los seguros del
ayuntamiento, ya que, tras solicitarlo nuestro grupo, nos hemos encontrado con
que no existe expediente donde se recoja la convocatoria de concurso, ni el
pliego de condiciones del mismo, ni las condiciones de adjudicación y la
resolución del procedimiento fechada y firmada( incluida la composición de la
mesa de contratación o del organismo o autoridad competente para realizar dicha
contratación). Al parecer todos nuestros argumentos eran erróneos y la
actuación del Ayuntamiento ha sido más que apropiada, sin embargo, también
después de abordar nuestro grupo este tema de manera fuertemente crítica, el
alcalde se ha comprometido a realizar convocatorias por procedimiento negociado
o por concurso abierto. Bueno, más vale tarde que nunca.
También solicitamos al
Ayuntamiento que investigue en qué situación se encuentran varias viviendas de
la promoción de 120VPO de Cercado de Reyes, ya que hemos constatado que existen
viviendas desocupadas.
Y finalmente la aprobación,
con el apoyo del PSOE, de la moción presentada por nuestro grupo referente a la
declaración de Aracena como municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo
Transatlántico de Comercio e Inversión. Un asunto que sí estaba incluido en el
orden del día y que nos parece especialmente importante por la repercusión que
puede tener a nivel local a pesar de ser un tratado a nivel internacional.
Presentamos un resumen de la
moción y de los acuerdos adoptados y os invitamos a visitar estos enlaces (http://www.agarzon.net/50-preguntas-y-respuestas-sobre-el-tratado-de-libre-comercio/,
www.youtube.com/watch?v=hU8SsEtFvds, www.youtube.com/watch?v=NQFCRrubNOM), para obtener
información más amplia y clara sobre este asunto.
En 2013, la Comisión
Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea de
negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión
(más conocido como TTIP), también conocido como
Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de
incrementar el comercio entre la UE y EEUU, con objeto de conseguir crear
empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.
Desde entonces, UE y EEUU
están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos un
amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un
serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y
de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas
transnacionales al interés general.
Los gobiernos regionales
dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va
a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, para que así puedan expresar
sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas
regiones europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con
relación al TTIP.
EEUU y la UE intentan
incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de
presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una Comisión
de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos. Este órgano tendría
competencias para establecer compensaciones económicas de los estados a los
inversores.
Así mismo, a la ciudadanía
le interesa que los servicios públicos sean eficientes para asegurar una buena
calidad de vida, sin embargo los acuerdos comerciales implican a menudo el
riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas freno”,
especialmente en el campo de los servicios públicos.
El TTIP, al perseguir la liberalización total de
los servicios públicos y la apertura de
prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones
Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas,
en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes
elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la
industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre
cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación
continental, nacional, regional o local. Esta lógica desmantela los servicios
públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los
servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones,
atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la
industria y empleo locales.
La competitividad y el
desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los
acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos,
sociales, sanitarios, culturales y medioambientales tienen que ser considerados
en cualquier negociación comercial bilateral.
Acuerdos
adoptados por el Pleno del Ayuntamiento:
1.
Declarar a éste
Municipio de Aracena como Municipio opuesto al TTIP,
defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución
social.
2.
Solicitar del
Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a
todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios
socialmente útiles.
3.
Solicitar del
Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, si éstos no tienen la finalidad
de conseguir:
●
que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro
tratado
●
defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de
manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social,
protección al consumidor y medio ambiente
●
que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé
la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los
objetivos sociales y los ambientales
●
que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se
haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus
respectivos parlamentos nacionales
●
que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del
acuerdo.
Aprovecho para recordaros que todos los
lunes celebramos asamblea abierta a las 20:00 en la sede de la c/ Santa Teresa.
Nuria Bonilla González
Portavoz de
IULV-CA Ayuntamiento de Aracena.
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Nuria Bonilla, concejala - portavoz del Grupo Municipal de IU en el último pleno de noviembre en primer plano.
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