planes de ordenación urbana
30 municipios de Huelva superan la primera fase de regularización de casas ilegales
La medida ampara a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para los que hayan prescrito las acciones disciplinarias
EUROPA PRESS
Un
total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que
pueden ser objeto de esta regularización en la geografía onubense, ya
que son los propios ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad
exacta con la elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación
real de su municipio que incluya un inventario de las construcciones
afectadas, Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos
ante una amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha
continuado la responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto
de "justicia social".
No obstante, se estima que la cifra
puede oscilar entre los 20.000 y los 25.000 inmuebles en toda Andalucía,
con una incidencia mayor en las provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado,
en esta línea, que lo que va a hacer el Gobierno andaluz es "brindar a
miles de familias la seguridad jurídica necesaria para acabar así con
esa espada de Damocles que hasta ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido,
para que estas casas puedan tener la consideración de edificaciones
asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y, con ello, contar
con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, así como acceso al
registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la
incertidumbre y la desigualdad de trato con la que conviven a diario las
personas que residen en estas viviendas aisladas en uso residencial",
ha apostillado González Bayo, quien ha recordado que los propietarios
también deberán adoptar "medidas correctoras urgentes" para eliminar los
impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, en
especial, sobre los recursos hídricos.
La primera fase de la tramitación hacia
la regularización de las diversas modalidades de construcciones que
existen en cada término consiste en que los municipios determinen qué
viviendas irregulares se encuadran en sus asentamientos urbanísticos,
con qué hábitats rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son
las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la
declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, ya sea a
través de la aprobación de avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva ha insistido en que, para
que pueda aplicarse la medida, los inmuebles han de acumular más de seis
años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos
naturales (zonas inundables) y no tener abierto ningún procedimiento
judicial o alguna sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada
hasta el momento por los consistorios es la de la declaración de
innecesariedad (no tienen asentamientos, sólo construcciones aisladas),
camino que han culminado ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El
Cerro de Andévalo, Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza,
Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Manzanilla, Los Marines,
Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San
Silvestre de Guzmán, Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los
Castillejos, Villarrasa y Zufre.
Por su parte, otros ocho ayuntamientos
han procedido ya a la aprobación de avance, vía utilizada cuando se
entiende que existen asentamientos o hábitats rurales diseminados:
Almonaster la Real, Beas, Corteconcepción, Cumbres Mayores, Hinojos,
Minas de Riotinto, La Palma del Condado y Trigueros.
Una treintena de
municipios superan ya la primera fase de la regularización de viviendas
ilegales
Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
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Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad exacta con la
elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su
municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas,
Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una
amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la
responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia
social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los
25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las
provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a
hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad
jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta
ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan
tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera
de ordenación (AFO) y, con ello, contar con los servicios básicos de
luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato
con la que conviven a diario las personas que residen en estas
viviendas aisladas en uso residencial", ha apostillado González Bayo,
quien ha recordado que los propietarios también deberán adoptar "medidas
correctoras urgentes" para eliminar los impactos paisajísticos o
ambientales que pudieran haberse producido, en especial, sobre los
recursos hídricos.
El procedimiento
La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las
diversas modalidades de construcciones que existen en cada término
consiste en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se
encuadran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales
diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas
cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado
al régimen de fuera de ordenación, ya sea a través de la aprobación de
avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva ha insistido en que, para que pueda aplicarse la
medida, los inmuebles han de acumular más de seis años de antigüedad, no
ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales (zonas
inundables) y no tener abierto ningún procedimiento judicial o alguna
sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada hasta el momento por los
consistorios es la de la declaración de innecesariedad —no tienen
asentamientos, sólo construcciones aisladas—, camino que han culminado
ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El Cerro de Andévalo,
Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra,
Isla Cristina, Lepe, Manzanilla, Los Marines, Puebla de Guzmán, San
Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán,
Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos,
Villarrasa y Zufre.
Por su parte, otros ocho ayuntamientos han procedido ya a la aprobación
de avance, vía utilizada cuando se entiende que existen asentamientos o
hábitats rurales diseminados: Almonaster la Real, Beas, Corteconcepción,
Cumbres Mayores, Hinojos, Minas de Riotinto, La Palma del Condado y
Trigueros.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2383897/0/treintena-municipios-superan-ya-primera-fase-regularizacion-viviendas-ilegales/#xtor=AD-15&xts=467263
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Una treintena de
municipios superan ya la primera fase de la regularización de viviendas
ilegales
Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
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proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad exacta con la
elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su
municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas,
Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una
amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la
responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia
social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los
25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las
provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a
hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad
jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta
ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan
tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera
de ordenación (AFO) y, con ello, contar con los servicios básicos de
luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato
con la que conviven a diario las personas que residen en estas
viviendas aisladas en uso residencial", ha apostillado González Bayo,
quien ha recordado que los propietarios también deberán adoptar "medidas
correctoras urgentes" para eliminar los impactos paisajísticos o
ambientales que pudieran haberse producido, en especial, sobre los
recursos hídricos.
El procedimiento
La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las
diversas modalidades de construcciones que existen en cada término
consiste en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se
encuadran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales
diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas
cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado
al régimen de fuera de ordenación, ya sea a través de la aprobación de
avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva ha insistido en que, para que pueda aplicarse la
medida, los inmuebles han de acumular más de seis años de antigüedad, no
ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales (zonas
inundables) y no tener abierto ningún procedimiento judicial o alguna
sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada hasta el momento por los
consistorios es la de la declaración de innecesariedad —no tienen
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ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El Cerro de Andévalo,
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Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
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Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
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Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
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elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su
municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas,
Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una
amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la
responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia
social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los
25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las
provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a
hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad
jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta
ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan
tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera
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luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato
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viviendas aisladas en uso residencial", ha apostillado González Bayo,
quien ha recordado que los propietarios también deberán adoptar "medidas
correctoras urgentes" para eliminar los impactos paisajísticos o
ambientales que pudieran haberse producido, en especial, sobre los
recursos hídricos.
El procedimiento
La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las
diversas modalidades de construcciones que existen en cada término
consiste en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se
encuadran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales
diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas
cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado
al régimen de fuera de ordenación, ya sea a través de la aprobación de
avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva ha insistido en que, para que pueda aplicarse la
medida, los inmuebles han de acumular más de seis años de antigüedad, no
ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales (zonas
inundables) y no tener abierto ningún procedimiento judicial o alguna
sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada hasta el momento por los
consistorios es la de la declaración de innecesariedad —no tienen
asentamientos, sólo construcciones aisladas—, camino que han culminado
ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El Cerro de Andévalo,
Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra,
Isla Cristina, Lepe, Manzanilla, Los Marines, Puebla de Guzmán, San
Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán,
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Por su parte, otros ocho ayuntamientos han procedido ya a la aprobación
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(Estrategias de inversión)
Las hipotecas más bajas, gracias a los datos del Euribor (En
Naranja)
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pareja a un yihadista (20Minutos.es)
Crean un banco genético operado por familiares de desaparecidos en
México (20Minutos.es)
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unos jardines en Aluche (20Minutos.es)
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(20Minutos.es)
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Una treintena de municipios superan ya la primera fase de la
regularización de viviendas ilegales 0
PSOE reivindica el espíritu del 28-F para "continuar con ese camino
de avance y de progreso emprendido en Andalucía" 0
PP pide a la Junta que "resuelva" la concesión de ayudas al sector
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Una treintena de
municipios superan ya la primera fase de la regularización de viviendas
ilegales
Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
ECO
Poca actividad social ¿Qué es esto?
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EUROPA PRESS. 21.02.2015
Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad exacta con la
elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su
municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas,
Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una
amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la
responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia
social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los
25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las
provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a
hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad
jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta
ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan
tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera
de ordenación (AFO) y, con ello, contar con los servicios básicos de
luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato
con la que conviven a diario las personas que residen en estas
viviendas aisladas en uso residencial", ha apostillado González Bayo,
quien ha recordado que los propietarios también deberán adoptar "medidas
correctoras urgentes" para eliminar los impactos paisajísticos o
ambientales que pudieran haberse producido, en especial, sobre los
recursos hídricos.
El procedimiento
La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las
diversas modalidades de construcciones que existen en cada término
consiste en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se
encuadran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales
diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas
cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado
al régimen de fuera de ordenación, ya sea a través de la aprobación de
avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva ha insistido en que, para que pueda aplicarse la
medida, los inmuebles han de acumular más de seis años de antigüedad, no
ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales (zonas
inundables) y no tener abierto ningún procedimiento judicial o alguna
sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada hasta el momento por los
consistorios es la de la declaración de innecesariedad —no tienen
asentamientos, sólo construcciones aisladas—, camino que han culminado
ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El Cerro de Andévalo,
Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra,
Isla Cristina, Lepe, Manzanilla, Los Marines, Puebla de Guzmán, San
Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán,
Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos,
Villarrasa y Zufre.
Por su parte, otros ocho ayuntamientos han procedido ya a la aprobación
de avance, vía utilizada cuando se entiende que existen asentamientos o
hábitats rurales diseminados: Almonaster la Real, Beas, Corteconcepción,
Cumbres Mayores, Hinojos, Minas de Riotinto, La Palma del Condado y
Trigueros.
Consulta aquí más noticias de Huelva.
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Una treintena de
municipios superan ya la primera fase de la regularización de viviendas
ilegales
Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del
proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la
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Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González
Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida,
que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para
los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en
parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La
legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o
urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta
regularización en la geografía onubense, ya que son los propios
ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad exacta con la
elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su
municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas,
Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una
amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la
responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia
social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los
25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las
provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a
hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad
jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta
ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan
tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera
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luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato
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La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las
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Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio
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Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra,
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