INFRAESTRUCTURAS INCUMPLIDAS en HUELVA

La Vía Rápida de la Sierra se queda en la cuneta

La red nacional de carreteras de la provincia no ha sufrido prácticamente ningún avance en la última legislatura. El proyecto emblema de los socialistas, el desdoble de la N-435 (en realidad, una nueva autovía, la A-83), está todavía sobre papel, con el primer tramo licitado; la denominada Vía Rápida de la Sierra se ha quedado parada por la crisis y la importante contestación social.

La autovía Huelva-Zafra fue una de las grandes apuestas del PSOE de Huelva, que desarrolló toda una campaña a favor antes de llegar al Gobierno central. Entonces se convirtió en uno de sus principales compromisos en infraestructuras, que en la última legislatura ha estado en fase de proyecto. Un proyecto que tiene presupuestado unos 100 millones de euros en total, de los cuales se han invertido según el PSOE en torno a 40.

Hace unos meses se licitó el que se considera primer tramo de la nueva autovía, la variante de Beas y Trigueros, pero aún está en planificación el resto. Antes de contar con el impacto ambiental de la infraestructura, el Ministerio de Fomento ya reconocía en un documento interno su preocupación por los posibles los "problemas ambientales de gran envergadura", teniendo en cuenta que la autovía cruzaría el Parque Natural Sierra de Aracena de Sur a Norte. De hecho, el propio estudio informativo recogía la posibilidad de que el tramo de la carretera que discurre por el Parque quedase con un solo carril por sentido para evitar afecciones ambientales. De encontrarse éstas, no sólo se retrasaría el proyecto, sino que podría encarecerse por encima de los 1.100 millones de euros en los que ya está estimado.

La denominada Vía Rápida de la Sierra, prácticamente una autovía de 105 kilómetros que cruzaría el Parque Natural Sierra de Aracena (379 millones de coste), ha generado en los últimos años un importante rechazo social. Unido a la crisis económica, ha dejado la carretera en la cuneta: en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 la actuación se quedaba sin partida y Fomento se planteaba a mediados de año la ejecución de variantes de población en lugar del proyecto inicial. Una necesidad ahora política debido al azote de la crisis que va a contrastar con las peticiones de una amplia mayoría de la Sierra. Sin la actual crisis el proyecto parece que tendría otro futuro bien diferente al previsto ahora.

Tras años en los que había fundamentalmente retrasos administrativos (aunque la lentitud de tramitación también da medida de la prioridad marcada para las obras), la crisis trajo un fuerte recorte en la inversión estatal, con el objetivo de reducción del déficit del Estado por bandera. En esta legislatura, Huelva ha pasado de contar con 194,8 millones de euros de inversión provincializada en 2008 (en un momento de expansión) a 110,93 millones este ejercicio, el presupuesto más bajo de los últimos doce años. Una caída en la que los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, tradicionalmente los más inversores y de los que dependen las infraestructuras pendientes, han sufrido un importante recorte. En ese contexto, la ejecución de obra pública se ha reprogramado y ralentizado en todo el país.

El mayor descenso se producía el pasado año, cuando el Ministerio de Fomento tuvo que recortar el presupuesto en ejecución para ajustar las cuentas públicas: 10.000 millones de euros menos para gastar. La consecuencia directa fue la puesta en marcha del denominado Plan Especial de Infraestructuras, que prevé la inversión de 17.000 millones de euros en dos años (2010 y 2011) mediante la fórmula de colaboración público-privada, por el que las empresas privadas financian y ejecutan la obra para después cobrar su importe durante el periodo de explotación de las infraestructura. Ahí se incluyó el AVE Huelva-Sevilla, junto a otros proyectos de alta velocidad (considerados prioritarios por el Gobierno central); en el camino se perdía de los Presupuestos estatales de 2011 la Vía Rápida de la Sierra. No obstante, la colaboración público-privada tampoco ha sido la panacea; aún son pocas las obras licitadas (en comparación con la programación inicial) y las pequeñas y medianas constructoras no pueden acceder a ellas.

Para este año, la situación no ha mejorado. La obra pública sigue de capa caída: en paralelo al descenso de la inversión, la licitación oficial estatal pasó de 177,75 millones en 2008 a 34,4 millones en 2010, en buena parte por la ejecución de los planes E, que trasvasaron los fondos del Gobierno central a los ayuntamientos para la ejecución de pequeñas obras que paliasen la sangría de empleos del sector de la construcción. Una vez finalizados esos planes, la inversión vuelve a computar en las cuentas estatales (el Gobierno lleva licitados 68,79 millones hasta septiembre gracias precisamente al concurso de las variantes de Beas y Trigueros), pero ese trasvase de fondos de un lado a otro no ha supuesto un crecimiento de la licitación total: las tres administraciones sacaron a concurso el pasado año 201 millones de euros (la mitad que en 2009), mientras la cifra total licitada hasta septiembre es de 158,2 millones. Y llega el segundo ajuste: Fomento tendrá que arañar de sus cuentas 500 millones para ajustar el déficit estatal.

Malos tiempos para prometer infraestructuras.

* Selección de varias informaciones publicadas hoy en el diario Huelva Información.